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La próxima reforma laboral, afinada contra la clase obrera y los trabajadores

febrero 20, 2016
Demian Ch‡vez

PE„AMILLER, QUERETARO, 23SEPTIEMBRE2011.- La miner’a es una tradici—n familiar que ha dejado de ser una empresa autosustentable en la zona de la sierra gorda del estado que abarca los municipios de Pe–amiller, Pinal de Amoles, San Joaqu’n. Actualmente el auge de la extracci—n de minerales como el mercurio ha venido en detrimento y por la falta de desarrollo se hace de forma rudimentaria. La industria minera ha bajado su impacto comercial, sin embargo sigue siendo una buena fuente de ingreso para las comunidades en donde la alta migraci—n de los j—venes a EU o las capitales del estado y del pa’s es el atractivo para aumentar el poder adquisitivo. La Mina San Carlos Tres Picos en la comunidad de Camargo en el municipio de Pe–amiller a unos 119 kil—metros de la capital del estado; actualmente extrae el metal liquido Mercurio. Este mineral se encuentra en una profundidad de m‡s de 200 metros bajo tierra y la extracci—n es con mŽtodos rudimentarios de pica y pala, y se encuentra en forma s—lida incrustado a la roca, posteriormente se lleva a la superficie para fundir el metal que pasa de estado s—lido a gaseosos y mediante condensaci—n de convierte en su œltima forma liquida. Los mineros trabajan en una sociedad cooperativa. Un minero pueden sacar hasta 8 mil pesos semanalmente por la venta de este mineral ya procesado y requiere jornada de trabajo de m‡s de 8 horas para algunos gramos del metal l’quido. FOTO: DEMIAN CHAVEZ/CUARTOSCURO.COM

La imparable crisis general del capitalismo, la profundización de sus contradicciones e insostenibilidad como sistema político económico, alerta a la burguesía para proteger las riquezas que ha acumulado a través de la explotación y saqueo del proletariado y los pueblos del mundo. En los últimos días en nuestro país, el Estado mexicano y la oligarquía financiera ha comenzado a prepararse para un reajuste de cuentas contra el pueblo trabajador; 14 miembros invitados por el consejero jurídico de la presidencia de Peña Nieto encabezaron la comisión para elaborar una iniciativa de ley del sistema de justicia laboral, misma que será presentada en el periodo legislativo de febrero 2016 para adquirir la legalidad necesaria para su aplicación, bajo falsos y disfrazados objetivos de transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad, equidad y eficiencia. Proviniendo tales cambios de un gobierno fusionado con y al servicio de los ricos e imperialistas, sabemos que tales ajustes contra el ultrajado sistema de “justicia” laboral (contrariamente defensor del sistema de protección patronal) no otorgarán ningún beneficio para los productores de las riquezas del país. Una de las medidas para lograr proteger los contratos blancos, charros y pro patronales, será exigir que los sindicatos anuncien los nombres de los trabajadores cuando quieran cambiar de sindicato o pretendan emplazar a huelga. Estas llamadas “listas negras” les nombrarán requisitos de procedibilidad, como si se tratara de un negociable permiso burocrático. Los objetivos para llevar a cabo la urgida reforma burguesa, son acabar por completo con las conquistas obrero-sindicales que significan un obstáculo para rapiñar al ya arruinado trabajador de base, eso sin contar al sistema de justicia laboral mexicano al servicio de los intereses de la clase en el poder, que pretende ser modificado aún más para desarmar a los obreros y trabajadores de sus aún aprovechables herramientas de lucha; política distinta al anterior control corporativo por medio de las juntas de conciliación y arbitraje y las centrales ultra charras (a favor de los esquiroles, Estado y patrones). Más allá de las deficientes formas de “impartir justicia laboral”, los trabajadores comprendemos que lo ya mencionado forma parte de la fascistización del régimen acorde a las necesidades burguesas, necesarias para generalizar aún más las inhumanas condiciones laborales y recobrar hegemonía dictatorial sobre el decadente y desacreditado Estado mexicano. El desconocido “diálogo social” que en lo oscuro se lleva a cabo, está acompañado de una invisible consulta nacional, iniciados en diciembre pasado. Los 14 dialogantes convocados en Palacio Nacional, 10 pertenecen al Ejecutivo federal, tres de visión patronal: Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), y una sola institución académica: el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sin representación obrero sindical, democrática, independiente, ni mucho menos clasista. A pesar de que algunas protestas “progresistas” pretenden legalmente frenar tal embestida contra nuestros jubilados, jóvenes, desempleados y en activo, los obreros y trabajadores organizados, sabemos que la tarea real para combatir la criminalización de la protesta y defensa laboral, se llevará en las calles con lucha internacionalista, clasista y revolucionaria para rechazar el sometimiento esclavista sin límites.

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